Nuevamente el presidente de la nación rechazó una ley aprobada por el Congreso Nacional, primero la ley de Movilidad Jubilatoria, ahora la de Financiamiento Universitario.El objetivo del ejecutivo nacional es el “déficit cero”, por lo tanto, toda norma que potencie, mejore y fortalezca políticas públicas es vetada sin miramientos. Veto que, en ambas leyes, fue ratificado con un tercio de los votos de diputadas y diputados respaldando así las medidas de ajustes.
La destrucción del estado implica poner fin a la garantía de igualdad social. En nueve meses la pobreza alcanzó porcentajes inimaginables. Las políticas neoliberales hacen que los derechos laborales, las jubilaciones, la salud, la ciencia e investigación, la educación media y universitaria sean acusados como la responsable de todos los males del desequilibrio económico, hacen que la verdadera casta que debía pagar el ajuste sea la clase media y de menores recursos.
En un contexto, donde se prioriza la rentabilidad sobre los derechos sociales, es crucial recordar que la educación pública no es un producto, sino un derecho humano universal esencial para el desarrollo de una sociedad justa, equitativa e inclusiva.
La Universidad Pública no solo se enfoca en la formación académica, sino que también juega un rol vital en la formación de ciudadanos críticos, comprometidos y participativos en la sociedad. Un sistema educativo público bien estructurado promueve la reflexión, el debate y el análisis crítico, aspectos esenciales para el desarrollo de una democracia saludable y el progreso del país.
Invertir en la Universidad Pública es, sin dudas, igualar y brindar la oportunidad de adquirir conocimientos y habilidades para toda la población. La posibilidad de reducir o salir de la pobreza es con educación pública que desarrolle una sociedad informada, crítica y participativa.
Defendamos la Universidad Pública, Gratuita, Irrestricta y de Calidad Educativa!!
